Que la justicia y la ley mantienen, en muchas ocasiones, un auténtico diálogo de sordos, creo que es algo indiscutible. En multitud de ocasiones, asisitimos a situaciones claramente injustas que, sin embargo, están amparadas por la ley y a otras que siendo contrarias al más elemental sentido de la justicia ni siquiera son recogidas por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no son ilegales. Manipulando un poco al magnífico escritor uruguayo Eduardo Galeano, podríamos decir que, en muchas ocasiones, la ley rasca y rasca bien, pero rasca donde no pica.
Por ejemplo, acabo de escuchar que, hoy, tras el Consejo de Ministros, el gobierno ha anunciado la aprobación de un decreto a través del cual se establecen los procedimientos a seguir para impedir que "aquellos que han cometido un delito doloso de homicidio o lesiones, cuando la víctima fuera cónyuge o ex cónyuge, o hubiera estado ligada a él por análoga relación, puedan acceder a algún tipo de pensiones o beneficios sociales ligados a esa condición". En otras palabras, la nueva ley va a impedir que el cabronazo que quema viva a su mujer o la apalea hasta la muerte asi como el que acosa día y noche a su ex- mujer hasta que la cose a puñaladas delante de sus hijos, ese hijo de la gran puta, ya no va a poder acceder a la pensión de viudedad que el Estado concede a las personas a las que se les muere su cónyuge.
Si no lo he entendido mal, la aprobación de esta norma implica que hasta ahora, el mierda que masacraba a su esposa, si no llevaba su miserable cobardía a las justas consecuencias y se volaba la cabeza con la misma escopeta con la que acababa de dejar huérfanos a sus hijos, una vez cumplida su condena, podría solicitar (si la Administración no se la ofrecía por voluntad propia) que todos nosotros con nuestros impuestos, le pagáramos los carajillos que , quién sabe, le animaran a buscar a sus hijos y acabar la faena. Seguro que lo he entendido mal.
Porque si lo he entendido bien y eso estaba ocurriendo hasta la aprobación del decreto, quiere decir que nadie se había dado cuenta de que concederle una pensión de viudedad al que se ha quedado viudo por voluntad propia es una aberración. Lo cual implica, a su vez, que ese insulto a la justicia era completamente legal, una situación perfectamente integrada en nuestro ordenamiento jurídico. Y no estamos hablando del régimen legal de los espacios naturales en Marte, estamos hablando de uno de los temas con los que más se llenan la boca nuestros dirigentes, creando monstruosidades lingüísticas como "violencia de genero" o llamando agesores a los que no son sino asesinos que, a veces, fallan, pero no por ello pierden su intencionalidad. Estamos hablando de uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos desde hace varios años. Estamos hablando de muerte, de dolor, de huérfanos y ninguno de nuestros dirigentes ha movido un dedo hasta ahora.
Si en vez de aprobar imbecilidades revisionistas, leyes de memoria históricas y demás memeces populistas, nuestros políticos y legisladores se dedicaran más a observar el mundo en el que vivimos, no tendríamos que asisitir indignados a este tipo de espectáculos ni ver como entran en vigor leyes ya injustas por tardías desde su mismísma concepción.
2 comentarios:
Me parece demasiada indignación y rabia para tan anecdótico (por marginal) sucedido.
Esto que cuenta usted es un ajuste fino, importante si no hubiera antes tantos ajustes gruesos por hacer.
Esta legislatura que nos ocupa está abundada de nimiedades como las que usted destaca.
JM
Ante lo injusto, por muy anecdótico que sea, nunca se indigna uno lo suficiente.
Al menos es una indignación con final feliz. Duelen más las que están aún por descubrir, ya sean de trazo fino o grueso.
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